La ilegalidad no solo extrae minerales: debilita instituciones, destruye confianza y reduce la capacidad del territorio para transformar su riqueza en bienestar.
Cajamarca necesita hacerse una pregunta incómoda: ¿cómo puede un territorio extraordinariamente rico convivir con profundas brechas sociales y, al mismo tiempo, permitir que economías ilegales comiencen a disputar sus recursos, debilitar sus instituciones y condicionar su futuro?
La minería ilegal no es solamente un problema de personas extrayendo mineral fuera de la ley. Mirarla así es observar apenas la superficie. Estamos frente a un problema de desarrollo territorial, porque compromete simultáneamente seguridad, ambiente, economía, institucionalidad, confianza y capacidad del territorio para construir un proyecto de futuro.
Las recientes declaraciones del director regional de Energía y Minas de Cajamarca sobre posibles filtraciones de información y complicidades vinculadas a la minería ilegal deben tomarse con absoluta seriedad. Corresponde a las instituciones competentes investigar y determinar responsabilidades; no es responsable acusar sin pruebas. Pero tampoco podemos mirar hacia otro lado. Si la ilegalidad consigue anticiparse al Estado porque alguien desde dentro le abre la puerta, ya no tenemos solamente un problema minero: tenemos un problema de integridad institucional.
Y cuando las instituciones se debilitan, pierde todo el territorio.
Podemos realizar operativos, destruir maquinaria y cerrar accesos. Es necesario hacerlo. Pero si después el mineral encuentra quién lo transporte, quién lo procese, quién lo comercialice y finalmente quién transforme esa ilegalidad en dinero, estaremos atacando las consecuencias mientras el negocio permanece.
Por eso necesitamos cambiar la mirada:
seguir el mineral, seguir el dinero y seguir los incentivos.
La minería ilegal no funciona aisladamente. Necesita una cadena económica. Mientras esa cadena permita convertir mineral ilegal en rentabilidad, existirán incentivos para que la actividad reaparezca. La respuesta del Estado debe combinar inteligencia, trazabilidad, fiscalización, investigación financiera, coordinación institucional y aplicación efectiva de la ley.
Pero existe un desafío todavía mayor.
Durante demasiado tiempo hemos discutido el desarrollo de Cajamarca preguntándonos cuánto mineral producimos, cuánta inversión recibimos o cuánto canon generamos. Son preguntas importantes, pero insuficientes.
La pregunta verdaderamente trascendente es otra:
¿Qué estamos siendo capaces de construir con la riqueza que posee nuestro territorio?
Porque tener recursos no significa tener desarrollo.
Desarrollo territorial significa convertir nuestros recursos y potencialidades en capacidades: educación de calidad, infraestructura estratégica, agua y saneamiento, productividad, proveedores locales competitivos, innovación, instituciones confiables y oportunidades para que nuestros jóvenes puedan construir aquí sus proyectos de vida.
Esa transformación no ocurre automáticamente. Requiere Estado. Requiere empresa responsable. Requiere academia. Requiere sociedad civil. Requiere liderazgo. Y requiere algo que ningún presupuesto puede comprar de un día para otro: confianza.
Por eso debemos distinguir también entre quien realmente busca transitar hacia la formalidad y quien utiliza mecanismos transitorios para permanecer indefinidamente fuera de la ley. Formalizar no puede significar simplemente figurar en un registro. Significa desarrollar capacidades y cumplir progresivamente obligaciones técnicas, ambientales, laborales y tributarias.
Formalización sí. Impunidad no.
Necesitamos también comprender correctamente la gobernanza territorial. Gobernanza no significa crear otra mesa de trabajo ni reemplazar autoridad por diálogo. Significa construir la capacidad de actuar colectivamente: instituciones con responsabilidades claras, información protegida, coordinación efectiva, participación de los actores del territorio y resultados verificables.
Articular no significa diluir responsabilidades.
Y aquí está quizá nuestra mayor tarea. La minería ilegal no solamente extrae el mineral que existe debajo de nuestra tierra. Cuando corrompe a un funcionario, extrae institucionalidad. Cuando destruye confianza, extrae capital social. Cuando desplaza actividades legales, extrae oportunidades. Cuando normaliza el incumplimiento de las reglas, extrae autoridad.
Y cuando un joven comienza a creer que prosperar fuera de la ley resulta más rentable que construir su futuro dentro de ella, estamos perdiendo algo infinitamente más valioso que el oro: estamos perdiendo capacidad de construir territorio.
Por eso esta no es solamente una batalla contra la minería ilegal. Es una discusión sobre qué modelo de desarrollo queremos para Cajamarca.
Podemos continuar siendo un territorio que posee enormes riquezas pero tiene dificultades para transformarlas en bienestar, o podemos construir las capacidades institucionales, productivas y sociales necesarias para gobernar responsablemente nuestros recursos y convertirlos en oportunidades para las generaciones que vienen.
Cajamarca tiene recursos. Tiene empresas. Tiene universidades. Tiene instituciones. Tiene comunidades. Y, sobre todo, tiene talento. El desafío es conseguir que esas capacidades dejen de actuar aisladamente y comiencen a construir una visión compartida de territorio.
Porque el desarrollo territorial no se mide solamente por cuánto tiene un territorio. Se mide por lo que ese territorio es capaz de hacer, colectivamente, con lo que tiene. Ese es el verdadero desafío de Cajamarca. Y ya no podemos seguir postergándolo.
Arturo Adolfo Bazán Vigo
Investigador en Gobernanza y Desarrollo Territorial
Director Regional Cajamarca - ProMinería Global
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